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Fin de año y responsabilidad del administrador

El final de año se acerca, y con fin del ejercicio hay que cerrar cuentas.

Para la mayoría de las empresas el cierre de cuentas es a 31 de diciembre, y finalizada la moratoria societaria aprobada durante la pandemia para las pérdidas del ejercicio 2020 y 2021, si eres administrador de una sociedad es necesario revisar la situación financiera de tu empresa y si hay pérdidas que vean reducido el patrimonio neto de la sociedad a una cifra inferior a la mitad del capital social hay que adoptar medidas para revertir esta situación sino quieres correr el riesgo de asumir personalmente y solidariamente con la entidad sus deudas.

El artículo 363 de la Ley de Sociedad de Capital, en adelante LSC, estipula, entre otras causas de disolución, que las sociedades de capital deberán disolverse.

e) Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso.

El artículo 367 LSC indica bajo el título responsabilidad solidaria por deudas sociales, esto es, por deudas de la sociedad que:

1. Los administradores que incumplan la obligación de convocar la junta general en el plazo de dos meses a contar desde el acaecimiento de una causa legal o estatutaria de disolución o, en caso de nombramiento posterior, a contar desde la fecha de la aceptación del cargo, para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución o aquel o aquellos que sean necesarios para la remoción de la causa, así como los que no soliciten la disolución judicial en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando esta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución, responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa de disolución o, en caso de nombramiento en esa junta o después de ella, de las obligaciones sociales posteriores a la aceptación del nombramiento.

2. Salvo prueba en contrario, las obligaciones sociales cuyo cumplimiento sea reclamado judicialmente por acreedores legítimos se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa de disolución o a la aceptación del nombramiento por el administrador.

3. No obstante el previo acaecimiento de causa legal o estatutaria de disolución, los administradores de la sociedad no serán responsables de las deudas posteriores al acaecimiento de la causa de disolución o, en caso de nombramiento en esa junta o después de ella, de las obligaciones sociales posteriores a la aceptación del nombramiento, si en el plazo de dos meses a contar desde el acaecimiento de la causa de disolución o de la aceptación el nombramiento, hubieran comunicado al juzgado la existencia de negociaciones con los acreedores para alcanzar un plan de reestructuración o hubieran solicitado la declaración de concurso de la sociedad. Si el plan de reestructuración no se alcanzase, el plazo de los dos meses se reanudará desde que la comunicación del inicio de negociaciones deje de producir efectos

Ante ello, ¿qué podemos hacer si somos administradores y la empresa tiene pérdidas en 2022 o lleva pérdidas acumuladas que hacen que el patrimonio neto de la sociedad decaiga por debajo de la mitad del capital social?

Para evitar ser responsables de las deudas sociales posteriores al acaecimiento de la citada causa de disolución, los administradores deberán en el plazo de dos meses desde el acaecimiento de la causa de disolución o desde su nombramiento, adoptar las siguientes decisiones:

1.- Opción preconcursal.- Es la novedad introducida por la nueva Ley Concursal. Se trata de comunicar al Juzgado la apertura de negociaciones con nuestros acreedores para conseguir un acuerdo de restructuración.

Este caso la empresa es viable, y se descarta su disolución de la empresa, optando por un acuerdo de restructuración de su deuda con los acreedores para así evitar la insolvencia o bien salir de ella.

Bajo estos planes de reestructuración se puedan adoptar quitas, esperas, capitalizaciones de deuda, daciones en pago, modificaciones o extinciones de garantías y resolver diversos tipos de contratos. También pueden conllevar la venta de una unidad productiva en funcionamiento.

Este supuesto es el idóneo en los casos en que la empresa es viable.

La negociación se hace de manera flexible y extrajudicial, únicamente se acude al Juzgado en caso que se quiera su homologación judicial.

2.- Disolver la sociedad. En este caso la sociedad no es viable, y ante la situación económica de la sociedad se acuerda su disolución legal.

3.- Concurso de acreedores de la sociedad.- En estos casos, la sociedad no es viable, y se halla en situación de insolvencia, por lo que se requiere de solicitud de concurso e iniciar con ello los trámites para su declaración con posterior liquidación o en su caso Convenio con los acreedores.

Isabel Fontanet Gomila. Abogada.
correo: fontanet@ramisabogados.com

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