El artículo 13 de la Ley 3/2020 distorsiona la realidad

El artículo 13 de la Ley 3/2020 distorsiona la realidad

En el BOE del pasado sábado, día 19 septiembre 2020, apareció publicada la Ley 3/2020 de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

En RAMIS ABOGADOS resumimos hace unos días los principales aspectos de dicha Ley. Finalizábamos diciendo que, más allá de la información objetiva que suministrábamos con carácter inmediato por practicidad e información a nuestros clientes, había aspectos que merecían un análisis detenido; es lo que aquí hacemos.

Nos referimos al art. 13 de dicha Ley 3/2020, que se suspende la obligación de disolver la sociedad a causa de las pérdidas sufridas. Examinemos la cuestión.

El art. 363.1.e) de la vigente Ley de Sociedades de Capital obliga a disolver la sociedad si sus pérdidas reducen su patrimonio por debajo de la mitad del capital social, salvo que se tomen acuerdos que palíen esa crisis (léase poner dinero).

La finalidad de la norma es muy clara: Debe evitarse que una “sociedad zombie” permanezca en el mercado; debe ser eliminada (o saneada inmediatamente) para evitar que produzca distorsiones en el mercado.

El Gobierno -que está tratando por todos los medios de evitar que se pierda el tejido empresarial- ha decidido que “2020 no cuenta”. Para materializar esa idea ha dictado el art. 13 de la referida Ley que -en síntesis- establece que las pérdidas del año 2020 no serán causa de disolución de la sociedad.

Si vamos a la Exposición de Motivos, se pretende justificar dicha decisión aludiendo a que se trata de “atenuar temporal y excepcionalmente las consecuencias que tendría la aplicación en la actual situación de las normas generales sobre disolución de sociedades de capital y sobre declaración de concurso, de modo tal que se permita a las empresas ganar tiempo para poder reestructurar su deuda, conseguir liquidez y compensar pérdidas, ya sea por la recuperación de su actividad ordinaria o por el acceso al crédito o a las ayudas públicas (…)”.

Junto a ese artículo hay otros varios en la Ley, ya comentados aquí, que posponen la obligación de presentar concurso. Todo para “ganar tiempo”.

Puede que la idea de alargar el plazo para solicitar el concurso sea buena… o mala. No lo sabemos, pero tiene una clara defensa o razón de ser. Pero la idea de suspender la obligación de disolver nos parece una auténtica barbaridad.

Y es que el plazo para presentar concurso es un período procesal que podría ser más largo o más corto pues es discrecional para el legislador que, ponderando los intereses en juego, establece el plazo que le parece más correcto: siempre había sido de dos meses y ahora con la Ley 3/2020 pasa a alargarse hasta final de 2020. Como decimos, es un plazo procesal -como hay tantos otros- producto de una ponderación de circunstancias.

Pero no ocurre lo mismo con el plazo para disolver la sociedad (o paliar su crisis): Las pérdidas son ciertas y, por tanto, la crisis de la sociedad es cierta, real actual y no sometida a un plazo o a un tiempo. Son pérdidas que ponen de manifiesto la inviabilidad de la empresa (o, al menos, su crisis aguda). Posponer la obligación de disolver no es más que permitir una prórroga de una agonía sin apenas posibilidades de éxito. No pretendemos obviar que alguna sociedad no se salve por esta vía, pero la inmensa mayoría no lo harán. Y no sólo no lo harán, sino que permanecerán “zombies”, distorsionando el mercado y evitando el surgimiento de nuevas sociedades, limpias, saneadas y aportadoras de nueva savia a la economía.

Por ponerlo en una metáfora exagerada: La caída del patrimonio neto a causa de las pérdidas supone la defunción de una sociedad, mientras que la declaración de concurso es su funeral. Uno puede decidir la fecha del funeral sin que ello sea un problema. Pero lo que no podemos hacer es elegir ni la fecha de la muerte … ni tan siquiera la del entierro so pena de problemas sanitarios.

No, no se puede. Podemos decidir con cierto margen cuánto tiempo se tiene para solicitar el concurso, pero no hay ningún margen para establecer cuando una sociedad está finiquitada y, por tanto, ha de dejar de estar en el mercado.

Por tanto, este artículo 13 sólo merece dos calificativos: inútil y distorsionador. Inútil porque no va a servir para salvar empresas; distorsionador porque supondrá que sociedades que no son viables perjudiquen el mercado. Es tanto como ocultar la realidad de lo que está sucediendo cuando lo cierto es que las pérdidas de 2020 cuentan exactamente igual que las demás ¿o es que acaso algún acreedor está dispuesto a perdonarlas porque 2020 “no cuenta”?

El presente artículo informativo se publicita a efectos meramente orientativos, no constituyendo en ningún caso asesoramiento legal directamente aplicable y vinculante. Si desea asesoramiento sobre su caso concreto, no dude en contactar con nosotros: administracion@ramisabogados.com