cancelación de deuda pública

Cancelación de la deuda pública en el concurso de acreedores tras la aprobación del texto refundido

Una de las principales novedades que el Texto Refundido de la Ley Concursal introduce respecto de la Ley anterior es la posibilidad o no de cancelar la deuda proveniente de crédito público.

Antes de entrar en la regulación actual y en sus diferencias con la anterior, pasemos a dejar claro un concepto básico:

  1. En qué afecta que la nueva Ley Concursal sea un Texto Refundido:

El denominado “texto refundido” es el mecanismo que tiene el Gobierno de la nación para dictar normas con rango de Ley (previa autorización de las Cortes Generales), sin embargo, esta potestad no es ilimitada, sino que deberá reducirse a refundir o unificar uno o varios textos legales.

La anterior Ley Concursal Vigente en España fue objeto de múltiples -y, en algunos casos, profundas- reformas, lo que hacía conveniente la necesidad de refundirla.

Sin embargo, en este caso, se ha utilizado la ‘excusa’ de la refundición como un mecanismo para incorporar o modificar determinados aspectos que la anterior ley no contemplaba o regulaba de forma distinta.

Precisamente eso es lo que ha sucedido con la posibilidad de exoneración de los créditos públicos.

Teniendo claro lo anterior, exponemos ahora la principal diferencia entre la regulación vigente y el criterio aplicado anteriormente:

  1. Criterio anterior:

El Tribunal Supremo estableció en su Sentencia n.º 381/2019, de 2 de julio, la posibilidad de exonerar el pago los créditos concursales públicos que estuvieran calificados como ordinarios o subordinados, a través del mecanismo del Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho mediante la aprobación de un plan de pagos.

Estos dos conceptos son explicados en este artículo.

  1. Criterio actual:

La nueva Ley concursal, todo y que se configura como un Texto Refundido, ha introducido un notable cambio en lo que respecta a la posibilidad de exonerar el crédito público.

En efecto, en el artículo 491, establece la imposibilidad de aplicar el Beneficio de la Exoneración del Pasivo Insatisfecho a los créditos de derecho público.

Es decir, en perjuicio del concursado, se modifica el criterio anterior y, con este nuevo texto legal, los créditos de derecho público no podrán resultar exonerados mediante el mecanismo de la exoneración del pasivo insatisfecho.

Así, concluimos que esta nueva regulación lo que establece es un privilegio a favor de la Administración Pública, otorgando a sus créditos un tratamiento especial, distinto y privilegiado que antes no existía y que, por tanto, ha generado notables críticas doctrinales.

Gran parte de la doctrina entiende que el legislador ha regulado esta materia “ultra vires”, es decir, que ha sobrepasado sus competencias, actuando más allá de lo que la refundición de textos legales permite.

Esto ha hecho que no solo sea la doctrina la que se posicione en contra de este nuevo modelo de tratamiento de los créditos públicos, sino que los Tribunales también discrepen de esta regulación, considerando incluso que hay que inaplicar el ya citado artículo 491 de la Ley Concursal.

A título ejemplificativo, se cita un párrafo del Auto N.º 223/2020, del Juzgado de lo Mercantil n.º 10 de Barcelona, muy crítico con este artículo:

“Se considera que el art. 491 altera por completo una norma clara e indiscutida del sistema llamado a refundir, regula de manera contraria a la norma vigente los efectos de la exoneración, alterando con ello el difícil equilibrio de derechos que regula dicho sistema y por tanto la igualdad de trato de los acreedores, sin que esta alteración pueda ser, de una manera muy clara, considerada una aclaración regularización o sistematización de la norma vigente”.

En conclusión, mediante este artículo se ha tratado de exponer cuál es la regulación actual que pesa sobre la cancelación de los créditos públicos, así como la posición de la doctrina y los Tribunales respecto de la misma.

Como se ha señalado, a estos créditos se les otorga una posición privilegiada, sin que, previo a esta nueva Ley, existiera trasfondo alguno para que esto sucediera. La principal consecuencia de lo anterior es el perjuicio al deudor concursado, que ve como no podrá resultar exonerado del abono del crédito público.

El presente artículo informativo se publicita a efectos meramente orientativos, no constituyendo en ningún caso asesoramiento legal directamente aplicable y vinculante. Si desea asesoramiento sobre su caso concreto, no dude en contactar con nosotros: administracion@ramisabogados.com

Luis García Rozalén, Asistente Equipo Jurídico.
Correo: garcia@ramisabogados.com

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