Concurso de acreedores

Una primera aproximación al concurso de acreedores

Es relativamente frecuente que una persona (física o jurídica) no esté en disposición de cumplir alguna de sus obligaciones. En tal caso no hay que alarmarse pues esto no necesariamente supone una situación de concurso.

Pero, si ese incumplimiento de obligaciones alcanza regularidad, sí podemos estar ante lo que se denomina “situación de insolvencia”.

Una necesaria aclaración histórica

Dada la antigua regulación concursal -del Código de Comercio- creemos que hemos de informar sobre algo importante, que contradice muchas creencias heredadas:

Es posible que se disponga de un patrimonio con valor muy superior a la suma de las deudas. En tales casos, existe la creencia (fundada en la tradición jurídica histórica) de que no se está en insolvencia. No es así.

Actualmente lo que determina la existencia o inexistencia de la insolvencia ya no es la diferencia entre los valores del activo y del pasivo sino un hecho objetivo: poder o no poder cumplir regularmente con las obligaciones.

Obligación de actuar en situación de insolvencia

Cuando no se pueden cumplir las obligaciones con regularidad, estamos en situación de insolvencia. En este caso, se puede y debe contemplar alguna de estas actuaciones:

  • Remontar la situación (solicitud de créditos, venta de bienes, aumentos de capital, …) o,
  • Presentar concurso de acreedores.

 

Decimos que no sólo se puede, sino que se debe contemplar alguna de las actuaciones señaladas porque no hacerlo puede acarrear importantes responsabilidades:

Y es que, si no se remonta la insolvencia, es obligatorio presentar el concurso en el breve plazo de tiempo que marca la Ley pues, en otro caso, se puede ocasionar innecesariamente una responsabilidad.

El ejemplo más común:

Según la normativa concursal, en el plazo de dos meses desde que se conozca o se haya debido conocer la situación de insolvencia se debe presentar el concurso de acreedores. En otro caso, habrá lugar a posibles responsabilidades.

No obstante, en la presente situación de crisis sanitaria derivada de la COVID-19, se optó por dar un margen temporal hasta el final de diciembre 2021, durante el que el incumplimiento de la obligación de presentar concurso de acreedores no determina responsabilidad. Pero pasado dicho plazo, sí puede generarse tal responsabilidad.

Diferencias entre concurso voluntario y necesario

En Ramis Abogados hemos reparado en que esta distinción provoca dudas entre nuestros clientes, cuando la diferenciación es muy sencilla:

Si, ante la insolvencia, el deudor no puede remontar la situación (o voluntariamente decide no hacerlo) y opta por acudir al Juzgado en solicitud de que se declare el concurso de acreedores, estaremos ante un concurso voluntario.

Si, no lo hace y -por el contrario- lo solicita algún acreedor, estaremos ante un concurso necesario.

Tramitación y final del concurso de acreedores

Declarado el concurso, se sigue un elaborado proceso que la Ley concursal fija para que haya un orden dentro de ese incumplimiento de las obligaciones.

Esta tramitación se dirige desde el Juzgado con la colaboración del Administrador concursal (economista o abogado en ejercicio, designado por el Juzgado).

El concurso puede acabar de varias formas, que son reguladas en el actual artículo 465 de la Ley Concursal. Aquí no pretendemos analizarlo, pero sí suministrar algunas ideas diciendo que el concurso puede básicamente finalizar de dos modos:

Biblioteca de Ramis Abogados

Con un convenio: Es lo que desea el legislador (y los Juzgados así lo entienden habitualmente) pues permite la continuidad de la actividad. Esta es la razón por la que se dan las mayores facilidades posibles para que se alcance un convenio con los acreedores.

El convenio es un acuerdo entre deudor y acreedores (o parte de ellos) por el que estos últimos aceptan -normalmente- reducir parte de la deuda y/o alargar el plazo de cobro.

Antiguamente a esta figura se le llamaba (y se le continúa llamando comúnmente) suspensión de pagos o quita y espera.

Con la liquidación: Es la última de las posibilidades, pero no por ello deja de ser habitual.

Si el convenio con los acreedores no es posible (o si el deudor no desea continuar con la actividad), el patrimonio debe ser liquidado para pagar a los acreedores con lo que se haya obtenido.

Antiguamente a esta figura se le llamaba (y se le continúa llamando comúnmente) quiebra o concurso de acreedores.

La calificación: Calificar el concurso es determinar si hay responsabilidades.

En ocasiones la Ley dice que no es necesario siquiera entrar a calificar el concurso pues resulta obvio que no hay ninguna responsabilidad a exigir. Pero en otras sí se ha de abrir la calificación para examinar si existe o no tal responsabilidad.

Si se ha obrado correctamente, se determinará que no existe ninguna responsabilidad (concurso fortuito). Por el contrario, si se ha obrado incorrectamente o ha habido una demora injustificada en la presentación del concurso, se puede acabar concluyendo que sí hay alguna responsabilidad (concurso culpable).

Los valores que propone Ramis Abogados ante el proceso concursal

Ningún abogado puede (o al menos ningún abogado debería) garantizar resultados. Desde luego, nuestra honradez con el cliente nos obliga a no hacerlo.

Pero lo que sí podemos garantizar es:

  • Un adecuado estudio de cada caso en concreto y por separado del resto.
  • Un asesoramiento honesto.
  • Un apoyo cercano en este viaje.
  • Un experto manejo de las herramientas jurídicas idóneas.
  • Toda la transparencia que exigen las situaciones delicadas.

 

Nuestra vasta experiencia en procesos concursales durante casi 30 años no sólo nos posiciona como un despacho concursal de referencia en Baleares, sino que, además, nos permite ofrecer a nuestros clientes la tranquilidad precisa para afrontar los momentos complejos.

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